Por Jorge Alberto Liriano Linares/ Hablemos Press.
Camagüey, 20 de septiembre.- El empleo de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por parte de las autoridades militares, contra los condenados en la prisión provincial Kilo 7 de Camagüey sigue cobrando nuevas víctimas, resultando contradictorio que la máxima dirección del país continúa ignorando estas criminales tendencias que violan el orden constitucional, el derecho internacional y los derechos humanos.
Kilo 7, una institución carcelaria de máxima seguridad, ubicada en el centro oriental de la isla, implantó un record de 70 lesionados graves en lo que va de año, y la cifra de torturados en las celdas de castigo sobrepasan los 200 afectados.
A toda esta brutalidad policial, hay que agregar una profunda inquietud ante la muerte de 5 personas en los primeros 6 meses del año, y a esta funesta realidad se suman los cientos de víctimas que a diario resultan golpeadas y humilladas sexualmente.
Unos de los casos más recientes -que estuvo a punto de ser asesinado- fue el de Orestes Reinoso González, un recluso de la raza negra de 39 años de edad, natural de La Habana, quien enfrentó el odio y la discriminación racial de las autoridades por reclamar sus derechos.
La salvaje golpiza, que le causó fractura del cráneo y pómulos oculares, además de laceraciones en todo el cuerpo fue dirigida y orientada por el oficial Mayor Mendilú, actual jefe de la especialidad del Orden Interior en el órgano provincial de prisiones, implicados también en el aberrante delito de asesinato en el grado de tentativa contra este ser humano, se encuentra según el testimonio el sud oficial Alcolea y los funcionarios Enriques Sayas Vento, así como los guardias conocidos comúnmente como Neyber, alias Tabaquito y el alias el Nene Álvarez, todos con un enorme historial de crímenes y asesinatos en completa impunidad judicial.
La víctima, reconoce que instintivamente trató de defenderse, lo suficiente para enfrentar cargos judiciales por los delitos de atentado y resistencia; sin embargo, desde el pasado día 13 se declaró en huelga de hambre, abogando por un proceso legal contra los militares que estuvieron a punto de asesinarlo, y que lo torturaron físicamente por espacio de 20 días en una celda de castigo donde se le negó el derecho de asistencia médica e incluso, le falsificaron el certificado médico por las lesiones recibidas.
Estos datos contundentes demuestran, una vez más, que tan despreciables prácticas, como las torturas y el abuso, no han desaparecido en las cárceles cubanas, y que la represión y el terror forman parte de la política del estado revolucionario; tal vez por ello, el régimen de la isla se niega rotundamente a permitir la inspección de sus cárceles por parte de los organismos de control y prevención de la ONU; a fin de cuentas, ya no es un secreto la deplorable situación del sistema penitenciario de la isla en materia de derechos humanos.
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