lunes, 7 de diciembre de 2015

Una Ley de Prensa para Cuba


Por Juan Carlos Linares Balmaseda/ HABLEMOS PRESS.

LA HABANA.- Para que exista y perdure una sociedad civil vigorosa es necesario que se complemente un sistema jurídico que resguarde la libertad de prensa. Sin embargo, emergen diferencias entre los colegas de la prensa independiente cubana en torno a cómo reglamentar un Estado de Derecho en función de los medios de comunicación.

Algunos proponen la necesidad de crear una Constitución y legislaciones en las que se incluyan y patenticen derechos, deberes y libertades relativas al ejercicio de la prensa, sin llegar a implementar una específica Ley de Prensa.

El periodista independiente Armando Soler dice que  “en principio, deben existir una normas que establezcan los privilegios y las responsabilidades de una prensa libre en una sociedad libre, porque el Estado de Derecho prospera donde el periodismo no tiene censura”.

Otras opiniones las comparten Hildebrando Chaviano y Roberto de Jesús Guerra. El criterio de Chaviano es que “…una Ley de Medios (en Cuba) viene a ser un atenuante hasta tanto se acopien legal y constitucionalmente los derechos que garanticen libertad de asociación, expresión y prensa”, mientras que Guerra insta al gobierno de Cuba “a que debe cumplir los pactos de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, y en específico sobre libertad de expresión”. 

Otros colegas respaldan la creación de una Ley de Medios  clara y específica donde sean acatadas las reglas que amparan la imprescindible labor social de brindar información con inmediatez y veracidad a la población.

Uno de  ellos es Camilo Ernesto Olivera, el que señala que: “Aquí el Departamento Ideológico de Partido Comunista es el órgano que controla y regula todo lo que se puede publicar y lo que no, todo bajo un basamento ideológico y partidista. Entonces, una Ley de Medios significaría cubrir el vacío legal que existe desde 1959”.

Por su parte el activista político-social Antonio Rodiles destaca que “una Ley de Medios es un elemento vital para el progreso del país”.

A pesar de las dos diferencias (los que quieren una Ley de Prensa visible y específica y los que optan por las garantías para el ejercicio de libertad de prensa implícitas en las leyes y en la Constitución), el consenso entre todos es que no se puede concebirse una sociedad democrática  bajo un sistema que censure y restrinja a los periodistas trabajar con libertad en los medios de difusión masiva.

Otra posible controversia a suscitarse con la futura implementación  de una Ley de Prensa puede darse en la manera de instituir un régimen informativo. Puede ser de litigación estatal o de autorregulación liberal. En el primero sus defensores aconsejan tener en cuenta que “los periodistas y las organizaciones noticiosas cometen errores, y los tribunales ofrecen recursos a las partes perjudicadas”. Y en el segundo caso,  integrado por los intelectuales más liberales, se pedirá dejar actuar a “los mecanismos de autorregulación y que estos ofrezcan la alternativa de regular el mercado de la información”.

Con el objetivo, de establecer un precedente, y un punto de partida útil en el camino hacia la libertad de prensa, en la que se incluya a todos los comunicadores sociales, cuatro colegas redactaron una propuesta de Ley de Medios.

En esta propuesta tuvieron participación Camilo Ernesto Olivera, Hildebrando Chaviano, Antonio Rodiles, Armando Soler y Juan Carlos Linares Balmaseda, quienes se encargaron de recopilar información, redactar y revisar documentos, para finalmente dejar la propuesta de una Ley de Medios con los siguientes requisitos:
•      Garantía legal y constitucional al derecho de Libertad de Prensa y de Expresión.
•      Existencia de medios privados protegidos por la Ley, con derecho a la propiedad privada sobre los medios de difusión.
•      Que los medios estatales sean de servicio público, sujetos a reglas de competencia justa, transparente, plural y no discriminatoria, y que éstas reglas establezcan regulaciones eficaces, para impedir la indebida concentración de la propiedad, o el resultado del consenso entre los poderes del Estado, o del poder político en funciones.
•      Derecho de los ciudadanos a informar y estar informados, y de que se sancione todo intento de coacción o censura gubernamental respecto a la información periodística, o en detrimento del derecho de los periodistas a proteger la confidencialidad de sus fuentes. Las diferencias concernientes al enfoque noticioso de un hecho periodístico se argumentarán públicamente. Los casos en que concurra conflicto de intereses, con carácter excepcional deberán ser especificados en la Ley.  
•      Se asegure el consenso legislativo democráticamente imparcial para regular las frecuencias de difusión otorgada a medios públicos, privados y/o comunitarios y medios nacionales, regionales y locales; y que también se consolide la independencia de estos medios en cuanto a la difusión de contenidos, en cumplimiento de un Código de Ética de Medios, y un tratamiento para cada entidad difusora de igualdad en deberes y derechos, sean estos medios públicos o privados.

•      Libre acceso a Internet, a la difusión de contenidos, y derecho a la privacidad de la comunicación personal. Solamente se regulará la difusión de contenido y la privacidad de la comunicación en la forma que prescriben las normas internacionales. Cada individuo o grupo social podrá ejercer su derecho a difundir ideas e impulsar campañas, para el bien público y a favor de entidades privadas, siendo responsable (s) de lo que se difunda en la red de redes.

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