jueves, 19 de marzo de 2015

Trabajadora de la salud siente que no se reconocen sus derechos

Una enfermera cubana cruza una calle en la capital. Foto: Luis Sánchez.

Por Dr. Eduardo Herrera/ Hablemos Press.

LA HABANA.- En Cuba, cada día se dejan de reconocer los derechos de los ciudadanos, según Ayeli Laffita Legrat, de 27 años de edad, quien llegó a La Habana como técnica en banco de sangre, en una de las llamadas misiones nacionales para apoyar el déficit de personal en el sector de la salud.

Estas misiones consisten en traer personal de la salud de otras provincias hacia la capital por dos años, y luego regresarlo a sus provincias de origen donde tendrán prioridad de ir a las misiones internacionales, fundamentalmente a Venezuela.

Laffita Legrat cumplió su estancia de dos años en el Hospital Universitario “General Calixto García”. Encontrándose allí, conoció a un joven capitalino con el que posteriormente se casó, cambiando de residencia hacia su actual domicilio.
En la actualidad, la joven se encuentra desempleada porque no le otorgan el permiso a trabajar en la capital, pues le han dicho que tiene que tener un permiso del gobierno de su provincia para poder trabajar en su nuevo lugar de residencia, donde existen plazas vacantes de técnicos en su especialidad.

Agotando todos los trámites necesarios y sin lograr el permiso, nos refiere: “tendré que robar para poder mantener a mi hija”. Así es como muchos jóvenes que tratan de mejorar sus vidas, se ven tronchados en sus buenos propósitos y obligados a tomar decisiones que no son favorables para el buen desarrollo de la nación.

Al parecer, a modo de impedir que se queden en La Habana, se toman todas estas medidas, luego de estimular la emigración. Los trabajadores que traen desde otros territorios, luego de relacionarse   y adaptarse a la capital, no quieren regresar a su lugar de origen.

Los métodos que utiliza el Estado, totalmente violatorios de los derechos del ciudadano, tratan de convertirlos en esclavos dispuestos a ser utilizados a su antojo, sin que puedan decidir formar una familia y establecerse en el lugar que deseen. 

El caso de Ayeli no es único; en Cuba existen más personas a los cuales no se les permite vivir y trabajar en la capital del país, por el simple hecho de haber nacido en otra provincia; violándose así el artículo 13, inciso 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado.

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