lunes, 30 de marzo de 2015

Cumbre de Las Américas: Gobernabilidad democrática

Por Martha Beatriz Roque Cabello*.
LA HABANA.- Uno de los ocho aspectos que se tratará en el Foro de la Sociedad Civil, en la VII Cumbre de las Américas, es la gobernabilidad Democrática. Allí estarán los representantes del régimen cubano, que dicen ser miembros de Organizaciones No Gubernamentales, exponiendo los “logros” de Cuba en esta materia.
El concepto de gobernabilidad democrática es muy amplio y a la vez interpretativo, aunque hay que reconocer que crece ―de manera constante― el número de países que se esfuerzan por establecer la gobernabilidad en un contexto democrático, lo que constituye un verdadero desafío.
Los países encaminados en estas ideas, deben mejorar y fortalecer sus sistemas electorales y legislativos, el acceso a la justicia y la administración pública y aumentar su capacidad para que los necesitados puedan acceder a los servicios básicos.
En el mundo no existe un sistema democrático perfecto y menos alguno que sea capaz de proporcionar satisfacción social y política plena.
Es por eso que la Cumbre se ocupa de que sus participantes puedan intercambiar y enriquecer las experiencias democráticas, a partir de un proceso internacional de consolidación histórica, que se ha venido desarrollando durante muchos años, por lo que ya se ha convertido en algo con trascendencia y perspectiva intergeneracional.
Entonces se puede afirmar que la esencia de la gobernabilidad democrática supone la participación del pueblo en el nombramiento de sus representantes, con el fin que cumplan con las facultades y funciones primordiales del Estado, que están vinculadas con el ejercicio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Basados en estas definiciones se puede aseverar que en Cuba no existe gobernabilidad democrática.
En primer lugar, desde el punto de vista constitucional, ya está vetada la democracia; pues se prohíbe la existencia de cualquier otro partido que no sea el Partido Comunista, el que se encuentra por encima del Estado y del Gobierno.
El parlamento, nombrado Asamblea Nacional del Poder Popular, es renovado cada cinco años, pero unos 600 escaños son nominados sin elección, y si bien se plantea que se “vota”, es como si fuera una ficción, porque el individuo que se designe como candidato para ser “elegido” de hecho ya lo está.
A nivel municipal, se hacen elecciones cada dos años y medio, en este caso ―al menos― en las asambleas de barrio se proponen los candidatos, aunque se sabe que todo está preparado para presentar como tal a aquellos que tienen la plena confianza del régimen y que de antemano han aceptado ocupar el cargo.
Y como si fuera poco, la Ley Electoral vigente establece que el Presidente es escogido de entre los miembros de la nomenclatura de la Asamblea Nacional, una vez que queda constituida, lo que permite ratificar que el pueblo no elige a sus mandatarios.

Se plantea que los candidatos no pueden hacer propaganda electoral, pero el régimen la hace por todos, con pancartas y otros medios llamando a participar en las “elecciones”.  De igual forma nada se sabe de los candidatos, que no sea su biografía manipulada, porque no se permite tener contactos con ellos.

Aunque los miembros del gobierno son ―al menos en principio― responsables de su gestión de los asuntos públicos ante el electorado, no tienen ningún poder y mucho menos los representa. En el caso particular de los delegados del barrio, su única solución es transmitir las preocupaciones que se plantean en las asambleas que se realizan durante los períodos de mandato. El pueblo conoce que en la mayoría de los casos, los superiores no les dan ni respuesta. Esto hace que los representantes a ese nivel se ridiculicen ante el electorado y pierdan credibilidad.

De igual forma no conocen, ni comunican al pueblo el presupuesto del Estado asignado para resolver los problemas de sus respectivas comunidades.

En la época “pre-revolucionaria” (antes de 1959) un alcalde municipal ―de esos a los que se le atribuye la frase “tiburón que se baña y salpica”― no permitía que las calles y las aceras estuvieran en las condiciones actuales e incluso ―aunque fuera amañado― daba cuenta del presupuesto y de los gastos que se realizaban contra el mismo.
Es muy difícil, conociendo esta pequeña parte de lo que sucede en la Isla, que se pueda defender que existe gobernabilidad democrática. Solo es posible como resultado de diferentes acciones tomadas por los que dirigen el país, tales como: el fortalecimiento de la sociedad civil, una evolución de la cultura política, un sistema económico correctamente orientado y que permita un crecimiento estable.
Que se sienta en los bolsillos de la población y la posibilidad de que nuevos sectores sociales puedan integrarse al sistema productivo para que con la diversidad, se alcance una mayor eficiencia.
Además, se puede decir que de la gobernabilidad democrática depende el poder del Estado para: mantener el orden público y el estado de derecho, poder regular el comercio, nutrir el presupuesto de la recaudación de impuestos, entre otros desafíos.
Durante más de medio siglo, el régimen se ha dedicado a sobrecargar las expectativas de la sociedad, la que es sometida al poder estatal. Al no existir competencia entre partidos, pluralismo de asociaciones y medios de comunicación de masas libres; se les facilita soslayar las obligaciones y responsabilidades contraídas con el pueblo.
Se mantiene el aumento desproporcionado de poder sobre la sociedad y de minimización de la participación democrática, politizando de forma exagerada, los temas en conflicto, para poder estabilizar la codicia del poder.
Se puede constatar por todos, a cualquier nivel, la insuficiencia de poder de intervención y la cada vez menor capacidad de dirección del aparato estatal, lo cual conlleva a que el Estado no sea capaz de responder eficazmente a las expectativas que siembra y a las exigencias materiales de la sociedad. Lo que se manifiesta, incrementando la falta de garantías de las libertades económicas y políticas.
Y aunque la democracia presupone la igualdad de todos los individuos, la oposición interna no tiene reconocidos sus derechos políticos e incluso en la mayoría de los casos ni siquiera la posibilidad de trabajar; por lo que es hostigada, golpeada y llevada a prisión solo por pensar diferente; lo que justifican con calificativos despectivos como: mercenarios, terroristas, vende-patrias, cipayos, etc.
Entonces, se incumplen también las principales características de la gobernabilidad democrática: primero que todo la libertad individual, que proporciona a los ciudadanos el derecho a decidir y la responsabilidad de determinar sus propias trayectorias y dirigir sus propios asuntos, la igualdad ante la ley, el sufragio universal y la educación de todos, conocido es que solo se les reserva a los “revolucionarios”.
Es precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 1948, de la que Cuba es firmante, la que recoge los derechos civiles y políticos fundamentales violados por el régimen cubano, tales como: los derechos de reunión, asociación, huelga y autodeterminación, entre otros.
Ni el régimen cubano; ni las Organizaciones No Gubernamentales que están dirigidas por el propio sistema, a las que se les quiere llamar sociedad civil; ni los jóvenes que son cantera del Partido Comunista de Cuba, pueden en la VII Cumbre de las Américas hablar de gobernabilidad democrática, porque es algo que no existe en el país y que no se practica ante el pueblo.

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