sábado, 17 de enero de 2015

El nuevo rumbo para Cuba


Por Marta Beatriz Roque/ Red de Comunicadores.

LA HABANA, 17 de enero.- El pasado 17 de diciembre, la Oficina del Secretario de Prensa de la Casa Blanca emitió una Hoja Informativa sobre las medidas históricas para trazar un nuevo rumbo en las relaciones con Cuba, y para confraternizar y empoderar al pueblo cubano.

Primero que todo, se señalan las afectaciones que han tenido los Estados Unidos de América por la política sobre Cuba, explicando que la misma provocó un aislamiento regional e internacional de los americanos y restringió la posible capacidad de influenciar en el curso de los acontecimientos en el hemisferio occidental. También hacen referencia a que se imposibilitó el uso de toda una gama de medidas que pueden utilizar para promover un cambio positivo en Cuba.

Con la claridad que se expresan los objetivos en esta primera definición, se pueden analizar el resto de los aspectos que están planteados en el documento.
Si no hay dudas en relación a que el Presidente efectuará enmiendas en las normas de los Departamentos del Tesoro y de Comercio, que permitan llevar a cabo la nueva política trazada, tampoco las hay con respecto a que habría que implementar en las leyes cubanas la posibilidad de que estos cambios se puedan proyectar ciertamente en el país, porque tal y como mencionó Raúl Castro en su discurso de clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hay una disposición de mantener un comunismo próspero y sustentable, bajo el poder y el control del Partido.

Y es que la Constitución de la República, en su artículo 3, señala: “El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, probado por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que ha existido, y habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo”.

Aunque hay algunas nuevas formas de cooperativas, diferentes a las agropecuarias, constitucionalmente no están admitidas, solo la propiedad a los campesinos de bienes muebles e inmuebles que les resulten necesarios para la producción a que se dedican. Pero como en la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre; la forma privada de propiedad y de los medios de producción está vetada constitucionalmente, solo se garantiza la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio, sobre la vivienda que se posea con justo título de dominio y los demás bienes y objetos que sirven para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la persona.

Asimismo, se garantiza la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar, los que no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno.

Esto significa que la expansión de ventas y exportaciones comerciales de ciertos bienes y servicios desde los Estados Unidos de América, que según se plantea tiene como objetivo empoderar al naciente sector privado cubano, tropieza con el hecho de que el sector privado es no nato constitucionalmente y que si se respeta lo que está legislado en la Carta Magna, nunca existirá, porque la propiedad privada sobre los medios de producción y la utilización de mano de obra asalariada está excluida; aunque habría que considerar que con las nuevas disposiciones económicas, el propio régimen viola lo allí establecido y Raúl Castro se refirió en una ocasión a la necesidad de modificar esta Ley primera.

Si bien el gobierno americano puede autorizar artículos para la exportación que reduzcan los costos de los cuentapropistas y pequeños agricultores, habría que analizar los aranceles que deben pagar por importar estos productos según las nuevas regulaciones aduanales y si además les son permitidos entrarlos al país; incluyendo los relacionados con el establecimiento y actualización de los sistemas de comunicaciones. Lo que implica que no basta la voluntad de una de las partes si la otra no lo autoriza.

En el caso específico de los medios para las comunicaciones, habría que considerar lo establecido en la Constitución en su artículo 12, inciso f, que dice: “rechaza la violación del derecho irrenunciable y soberano de todo Estado a regular el uso y los beneficios de las telecomunicaciones en su territorio, conforme a la práctica universal y a los convenios internacionales que ha suscrito (…)”.

De forma inversa, lo mismo ocurre con la inserción ―por parte de los viajeros norteamericanos procedentes de Cuba― de bienes adicionales por valor de $400 USD, de los cuales $100 USD podrían consistir en tabaco y alcohol combinados, para lo cual necesitan una autorización; aunque, como es lógico, a Cuba le acomoda el ingreso de divisas por la adquisición de estos productos.

Con respecto a la Cumbre de las Américas 2015, que se celebrará en el mes de abril en Panamá, el hecho de que en el documento se reconozca que se debe permitir que la sociedad civil cubana participe junto con las sociedades civiles de otros países, no implica que el régimen dé crédito a ello, porque siempre han dicho que son ONGs las organizaciones de masas, las que van a esos eventos como: la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución, y representan de “forma oficial” la sociedad civil.

Se hace referencia a los compromisos de la región con la Carta Democrática Interamericana, pero no se tiene en cuenta que Cuba no es miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y por consiguiente fue parte de los países que en el año 2001 contrajeron esta obligación.

Sin embargo, en 1996, Cuba formó parte de los 21 países miembros de la Sexta Cumbre Iberoamericana, que se desarrolló en Viña del Mar, Chile y firmó los acuerdos sobre gobernabilidad en democracia, que no ha respetado.

Y cuando se plantea que los esfuerzos se enfocan en promocionar la independencia de los cubanos, para que no tengan que depender del Estado, no se tiene en cuenta que ni siquiera el Estado es el que controla la sociedad, según la propia Constitución que reza, en su Artículo 5: “El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado…”.

Por otra parte ―de forma contradictoria a lo expresado en ese documento―, la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, se mostró escéptica sobre las mejorías en la libertad de expresión, de asociación y otros derechos civiles y políticos para los cubanos a corto plazo, cuando expresó: “no tenemos ninguna ilusión acerca de este gobierno y su voluntad de permitir estas libertades”.

El comienzo de la negociación ha sido bastante oscuro. No se divulgó el nombre del reo que supuestamente se canjeó por los 3 espías cubanos, solo se supo de él casi un mes después y por boca de su familia; de igual forma no se dio a conocer la lista de los 53 prisioneros políticos que el gobierno estadounidense anunció que Cuba liberaría. Todo se alargó en el tiempo y se mantuvo en un silencio cómplice con el régimen cubano, y finalmente la mayoría de los presos no salió en libertad como se había anunciado, algunos lo hicieron con licencia extrapenal, otros con libertad condicional y 3 de ellos, que se encontraban recluidos en Mar Verde, Santiago de Cuba, fueron puestos en la puerta de la prisión con un peso cubano para el ómnibus, y sin documentos.

Por otra parte, la lista se completó con 15 nombres de presos que ya habían sido liberados anteriormente, muchos de ellos por cumplimiento y de forma muy especial Juliet Michelena Díaz, que después de 7 meses en un penal de mujeres en la capital, fue llevada a juicio el 7 de noviembre de 2014, juzgada por Atentado y encontrada inocente, por lo que el juez declaró su libertad inmediata.

Pero, es inevitable tener que subrayar, que el Artículo 12 de la Constitución de la República no está de acuerdo para nada con la nueva política de relaciones entre ambos países, porque señala: “La República de Cuba hace suyos los principios antiimperialistas e internacionalistas, y (…) condena al imperialismo, promotor y sostén de todas las manifestaciones fascistas, colonialistas, neocolonialistas y racistas, como la principal fuerza de agresión y de guerra y el peor enemigo de los pueblos”.


Antes de iniciar cualquier tipo de conversación, si las intenciones del gobierno estadounidense son las que manifestó el 17 de diciembre  pasado, debería tener en cuenta todos los escollos que hay en el camino y, sobre todo ―si el empoderamiento de la sociedad civil cubana está dentro de sus objetivos―, terminar con cualquier tipo de sigilo que vaya en contra de la participación en los acontecimientos, de los que la integran, o lo que es lo mismo, que dejen de ser pasivos observadores.

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