viernes, 23 de mayo de 2014

Carta a Mariela Castro

LA HABANA, 23 de Mayo.- El autor de esta carta nos ha pedido hacerla pública luego de no haber recibido respuesta de casi una veintena de organismos estatales a los que fue presentada, en Cuba.
La misiva lleva por nombre: Carta a los niños
LA HABANA, 20 de marzo de 2013.
“Año 55 de la Revolución”.
A: Mariela Castro, Lic. Psicología.
Compañera:
A partir de la realidad terrible que vivimos mis hijos, mi esposa y yo, jamás imagina por mí en la sociedad  cuya matriz es la justicia social y la que hemos trabajado siempre, he decidido dejar escrito este testimonio- denuncia con todos los detalles posibles con la esperanza segura de que nuestra voz será escuchada, de que no se desentenderán de este hecho abominable del cual hemos sido víctimas y que por nuestra inexperiencia y desesperación no hemos sabido defender como se debiera.
Sin embargo, pienso que es urgente una investigación profunda de lo sucedido a mi familia, toda vez que mis hijos, menores de edad (15 y 8 años), fueron desalojados de su hogar por un familiar nuestro y están sufriendo psicológicas que no por obvias dejan de ser nefastas, pues se trata de la casa donde nacieron y en la que han transcurrido sus vidas hasta hoy.
Quien suscribe esta carta, José Luis Pendás Cruz, con carnet de identidad: 63110733203, vecino de la avenida 21, N. 3416, e/. 34 y 36, Playa, La Habana, declara con absoluto compromiso con la verdad, que el ciudadano Ruperto Alberto Cruz Enrique, mi tío, es el responsable de este suceso que ha desestructurado completamente a mi familia.
Este ciudadano al casarse con una mujer extranjera, rusa, me llevo recién llegado yo de cumplir misión internacionalista en la República de Angola, en octubre de 1990. A este domicilio donde él vivía para que la ocupara porque él se iba del país, pues su esposa no se adaptaba a la vida de nuestro país por problemas políticos. Es así que me presenta al Presidente del CDR N. 6 y me anotan oficialmente en el Registro de Direcciones y en el carnet de identidad.
En verdad yo le había ayudado, junto a mi hermano, en la construcción de la vivienda desde el año 1980 cuando contaba con solo dieciséis años, y de esto pueden dar fe vecinos como Francisca Matamoros (alias Panchita), Iliana Álvarez Bringas, Aída Ramírez y su familia, Sandra Iglesia Llosa, Noel Janet Sprinter, Magdalena Hernández Hernández, entre otros.
Es necesario aclarar que yo vivía en la dirección Artes N. 32, Casa Blanca, más conocido como La Cueva o Bodegón, en el municipio Regla, con mis padres y hermanos. Al decidir mi tío irse del país y llevarse a su domicilio había presentado una carta al Ministro del Azúcar para que lo liberase del trabajo con el argumento que ya tenía el pasaje de su viaje, lo cual era totalmente incierto pues el Banco Nacional de Cuba había emitido un documento en el cual negaba la existencia del mencionado pasaje. Existen copias fieles y autenticas de este documento perteneciente al Banco. El Ministro del Azúcar desconociendo este hecho le concedió la baja de la institución. La vía que utilizó para salir del país solo la conoce él, cuando la divisa era penalizada por decreto, en un banco…
Ahora bien, al yo ocupar la vivienda que no terminaba de construir, sino completamente a medias, mi tío deja un crédito de materiales de construcción con el concepto de reparación que no era, como es evidente, el real. Usó dos conceptos distintos para la obtención de los materiales, lo cual demuestra que es una persona habilidosa para conseguir  sus fines y que ha mentido y miente constantemente.
Tal es así que en estos momentos este sujeto no cesa de comentar que la vivienda está en un estado de deterioro sin justificación ninguna, cuando es evidente, al observar los elementos estructurales que lo componen, que el problema real que tenido la misma ejecución de las distintas actividades constructivas de origen como los repellos, la deficiente dosificación del hormigón fundido in situ losa, la cual a los pocos días de haber sido fundida se estaba pandeando y un ingeniero nos recomendó poner unas vigas, donde actualmente en el empata se filtra. No tardamos en darlo a conocer a la delegada Silvia Castillo y nos informaron que nos ayudarían con los materiales y nunca fue así. De ese modo fui varias veces a la inversión de la vivienda, pues mi nombre aparecía en todas las reuniones de la circunscripción reiterándose  la ausencia de los mismos.
Además, en medio de estos sucesos hemos descubierto que la licencia de construcción en una obra nueva estatal, cuyo inversionista es el MINAZ.
En el transcurso de 15 años, sin haber tenido jamás noticias de él la familia toda, apareció inesperadamente en el 2006 constatando que yo había tenido mis hijos con mi esposa Alina Infantes Miralles.  Se  ocupó entonces de hablar mal de la Revolución y regresó pasado solo un mes a Filadelfia, país donde radicaba.
En marzo de 2011 volvió a Cuba por segunda vez e hizo su entrada a mi casa abruptamente aprovechando que la puerta estaba abierta abordando a mi esposa para que le diera sus datos personales. Ella no le respondió, pero yo salí inmediatamente y fui agredido físicamente por él en presencia de mi hijo que entonces tenía seis años y se encontraba recién operado de hidrocele cuando nos disponíamos revisitar la consulta en el hospital William Soler (Dra. Marlen).
Por esa razón procedí a denunciarlo y entonces él declaró que yo le había robado los documentos de la vivienda y que no lo dejaba entrar a la misma. Me sentí obligado a que mi hijo testificara, y al cabo fuimos advertidos en la Unidad de la PNR después de una larga discusión ante los oficiales donde me comprometí a dejarlo entrar sin que empleara la violencia, la humillación y la falta de respeto. No obstante, anteriormente, en febrero de ese mismo año, ya le había puesto otra denuncia (No. 8079 del año 2011) por haber abordado mi casa con dos extranjeros y una mujer cubana con un adolecente, todos los cuales profesaban la religión bautista.
Viarios días después se presentó en el trabajo de mi esposa haciéndose valer por un funcionario de la Vivienda con el propósito de que el Jefe de personal (Director de Capital Humano) Enrique Rodríguez Aguilera, le diera sus datos para ayudarla en los arreglos de la vivienda. De este modo no violaba lo establecido y obtenía los datos que de otra manera no resultaba posible. Es a partir de ese momento que se nos notifica el emplazamiento del Cese de convivencia yo contraté los servicios de la Licenciada Bárbara Martínez Hernández, del Bufete Colectivo del municipio Playa donde reside,  sito en avenida 41, esquina 60, quien realizó una defensa floja y la sentencia del Tribunal Provincial Popular de  La Habana se pronunció a favor de Ruperto A. Cruz Enrique. Es de notar que dicha sentencia viene con número de pasaporte y no con el carnet de identidad, pues no lo tiene, sin embargo en el emplazamiento aparece como vecino de la avenida 21, N. 3416, e. 34 y 36, Playa, y esto es totalmente falso.
No obstante, el Tribunal Supremo Popular ratificó la sentencia del Tribunal Provincial. Es decir, la legalidad falló a favor de la injusticia.
Debo aclarar que en ambas sentencias refieren que yo tengo como origen Artes 209 altos y el emplazamiento Artes N. 32. En la actualidad, en el 209 altos, viven mi hermana y su esposo, su hijo menor y otra hija casada que tiene también sus hijos. Y en Artes N. 32 viven otras familias que no tienen nada que ver conmigo. Ello significa que ese domicilio no existe para mí en la actualidad si tenemos en cuenta que artes 209 altos había sido entregado desde el año 2001 como usufructo arrendado cuando ya yo no pertenecía a ese núcleo familiar.
En la mañana del 13 de marzo, cuando todavía me encontraba en espera de un abogado que se hiciera cargo del proceso de revisión del caso, orientado por el Tribunal Supremo en respuesta de mi carta de inconformidad al mismo, en las asesorías que consulté en el Bufete de Casación  de Prado y Egido con la Doctora Olimpia Consuegra y en el Bufete de 5ta F y 110 con el licenciado  Albertini e informado por ellos que el único procedimiento legal contra mí (cese de violencia) sería el embargo del salario, en sus dos modalidades, el treinta por ciento y el cincuenta por ciento después, pues no procedía la extracción legal por tener tatos años de convivencia y haber nacido mis hijos en ese domicilio, irrumpió en nuestra vivienda el ciudadano Ruperto Alberto Cruz Enrique.
Mi hija ya se encontraba en la escuela, mi esposa en su trabajo y yo de vuelta a la casa después de haber dejado a mi hijo pequeño en la escuela, presenció que este sujeto intentaba cambiar el Yale de la puerta y obligando a mi suegra, que se encontraba en esos momentos sola, a salir de la casa. Como es de esperar yo me opuse inmediatamente y le explique que debía abandonar la idea a lo que él se opuso, y se decidió por la violencia.
Para ello se valió de dos sujetos que vinieron con él. Uno de ellos se presentaría después ante la policía como apoderado y apoyado  por el jefe de Vigilancia del CDR de mí cuadra, en la cual he vivido desde hace 23 años. Dicho sujeto golpearon la puerta, rompieron cristales, amenazaron con machetes y utilizaron una sierra eléctrica (pulidora corta hierro) para romper la cerradura. Ante esto yo pedí auxilio, pues mi suegra se encontraba aterrada por lo que estaba sucediendo. Me apresuré a llamar a mi trabajo y a la policía. Incluso una vecina amiga de nuestra familia arriesgaba en ese momento su vida al ponerse frente a la sierra eléctrica de manera de que aquella acción no continuara. El Presidente del CDR fue quien se encargó de sacarla de aquella terrible situación, sin embargo nada los detuvo. Algunos vecinos se acercaron también manifestando su desacuerdo con aquella acción vandálica.
Ante esto yo respondí con otro machete adentro de la casa por el roto del cristal, esgrimiéndolo a ciegas, y colocándolo delante de la cerradura para evitar que la cortaran. Entonces Ruperto profirió que lo había dañado y que eso era precisamente lo que él quería, utilizándolo como pretexto para acusarme en la PNR de mi municipio como dueño y señor de mi casa, actuando con absoluta legitimidad y sospechosa impunidad, pues hizo que los hechos se invirtieran a su favor, lo cual es profundamente preocupante desde el punto de vista del derecho civil en nuestro país. No solo tiene trascendencia jurídica sino moral.
De la unidad de la PNR de 7ma y 62, Playa, salí con un acta de advertencia que tengo que firmar los miércoles de cada semana, acusado de lesiones cuando yo las recibí también para evitar que entrara en mi casa, y sin tener en cuenta que estaba con la abuela de mis hijos de 70 años de edad, cuya salud me preocupaba ante este enfrentamiento. Realmente quedé completamente decepcionado con la medida, pues desde que llegué a la mencionada PNR el policía actualmente me había prometido acusarlos por los hechos narrados. Su actitud determinada desapareció una vez que entrevistaron a los sujetos que cometieron tal violencia, lo cual nos asegura que no se ha precedido correctamente.
De hecho, a partir de entonces no hemos tenido acceso a nuestra casa, pues al regresar de la PNR me la encontré  con un candado en la puerta principal al acceder por el fondo de la misma, Ruperto y sus ayudantes, después de romper una puerta de madera. Toda esta violencia , hasta hoy, sigue en pie, mis hijos desde aquel día que regresaron de sus escuelas y su madre del trabajo, que corre riesgo por la trombosis  aguda profunda bilateral que tuvo hace ocho años, por la cual tiene prohibida paradas prolongadas, caminatas largas y la necesidad de dormir en cama inclinada con los pies en alto.
Con total impunidad este ciudadano, Ruperto Cruz, ha ocupado nuestra casa con la complicidad de algunos cuya conciencia han sido compradas, y con la indiferencia de otros que prefieren el silencio culpable.
Nuestras vidas se han tornado un infierno. Permanecemos en la calle, sin dinero, sin alimentos, durmiendo en los parques, Terminal de ómnibus, en la unidad de la PNR de 7ma. Y 62. Nuestros hijos han sido profundamente afectados en un psiquis, su escolaridad cotidiana. Algunos vecinos nos han brindado ayuda con ellos, proporcionándoles un techo para bañarse, dormir y alimentarse transitoriamente en espera de que esta situación sea solucionada con la justicia que merece.
Entre tanto mi esposa y yo nos hemos mantenido hasta hoy, sin dejarnos llevar por la desesperación, apelando a todas las instancias sin tener ninguna respuesta, sin saber que será de nuestro destino, tratando de que nuestros niños no sucumban, conservando la fe en la fuerzas morales de nuestro país que serán capaces de acabar con esta terrible angustia, con la convicción de que este fenómeno social no tiene nada que ver con la esencia humanista de la Revolución Cubana. En ella fundamos nuestra más firme esperanza.
Fraternal y revolucionariamente, José Pendás Cruz.
Nota: Les ofrezco a continuación un listado de las instituciones que tienen el conocimiento de nuestra situación:
Presidente del CDR de mi cuadra, Noel Janet, Asociación de combatientes, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Unidad de la PNR de 7a. 62, Dirección General de la PNR, Consejo de Estado en reiteradas ocasiones, Atención a la ciudadanía del MININT, PCC del municipio Playa, Gobierno del municipio Playa, Fiscalía General de la República, Fiscalía Municipal, Delegada del Poder Popular de nuestra circunscripción, Vicepresidente del Gobierno del municipio Playa, Jefe inmediato de mi centro laboral SEPSA, Factores del centro laboral de mi esposa, Empresa Agropecuaria Manuel Martínez Prieto, calle 122, esquina 127, número 12505, Marianao, Escuela Secundaria Básica Enrique Maza, calle 28 e. 9ª y 7ª, Playa, Escuela Primaria Pedro Marrero, calle 27 e. 36 y 42, Playa, Psicóloga del Policlínico1o. de Enero del municipio playa.   

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