jueves, 3 de abril de 2014

Indemnización por la esclavitud en el Caribe


La indemnización que se pague en su caso para las víctimas de la esclavitud debe usarse de modo transparente.

Por René Gómez Manzano.


LA HABANA, 2 de Abril.- Este miércoles, el mini-periódico castrista Granma publicó en primera plana una noticia interesante. Titulada “Cuba apoya en ONU reclamo caribeño de compensación por esclavitud”.

En el cuerpo de la información se reproducen algunas de las palabras pronunciadas por la diplomática Daylenis Moreno durante la celebración del Día Internacional consagrado a recordar a las víctimas de la monstruosa institución arriba mencionada: “Apoyamos resueltamente la justa solicitud de disculpas sinceras y las consecuentes compensaciones exigidas por los estados miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM)”.

Es verdad que los Castro y sus representantes no son las personas más indicadas para estar pidiendo a otros que paguen por los agravios cometidos, cuando ellos mismos son incapaces de hacerlo. ¿Alguna vez han expresado remordimiento por la amenaza de guerra nuclear en que metieron al mundo en 1962? ¿ por las guerrillas que organizaron y financiaron en toda América Latina? ¿por las decenas de miles de cubanos cuyas muertes cruentas han provocado? ¿ por el terrible desastre en el que han sumido al país?

No obstante, es verdad que la idea de que las antiguas metrópolis esclavistas presenten disculpas por su actuar, es correcta. Pero tengamos claro que como el terrible flagelo lo sufrieron de igual modo los ascendientes de muchos de nuestros compatriotas, resulta evidente que el gobierno de La Habana aspirará a que también nuestro país reciba una indemnización por los perjuicios provocados a nuestros antepasados.

En principio, nada tengo que objetar a esa pretensión, ni a la reclamación formulada por nuestros vecinos del CARICOM. Al contrario, las apoyo con entusiasmo. Una decisión como la que se reclama constituiría un acto de elemental justicia hacia aquellos desdichados que fueron arrancados de su tierra natal y arreados en condiciones infrahumanas a través del océano a fin de ser explotados de modo inmisericorde en una tierra extraña.

Lo que despierta mis dudas es qué destino le darán a la compensación las autoridades de La Habana, en el supuesto de que logren poner sus garras sobre ella. Mi perplejidad no es gratuita. El régimen castrista tiene una larguísima experiencia en esquilmar a sus súbditos de los resarcimientos que les corresponden. Entre otras muchas cosas, esto incluye las generosas ayudas ofrecidas por países extranjeros en casos de ciclones y otras catástrofes.
Como jurista, recuerdo la consulta que me hizo años atrás un exmarinero. En febrero de 1997, el barco mercante en el que navegaba fue atacado en las costas de Sri Lanka por las fuerzas armadas de ese país. Las tropas gubernamentales se equivocaron al considerarlo un buque pirata que llevaba suministros para los insurgentes Tigres Tamiles, que por aquellas fechas llenaban de sangre y dolor ese país.

El asunto fue resuelto por la vía diplomática, y la Parte Cubana obtuvo una indemnización cuantiosa. Por supuesto, esta última comprendía no sólo los daños materiales (que no fueron tan considerables), sino sobre todo los perjuicios morales ocasionados a los tripulantes, cuyas vidas corrieron serio peligro.

Las autoridades castristas, tras embolsarse decenas de millones de dólares, convocaron a los marineros, a los cuales ofrecieron una magra paga en devaluados pesos cubanos, siempre que firmaran un papel en el cual se declaraban resarcidos por todo el menoscabo sufrido durante el ataque. Algunos (como el que acudió a hacerme la consulta) se negó a tolerar semejante despojo y aspiró a una compensación menos mezquina, pagadera además en la misma moneda dura desembolsada por los ceilandeses.

El caso no es excepcional. Una situación parecida confrontan de manera sistemática las decenas de miles de “trabajadores internacionalistas” —como, por ejemplo, los del sector de la salud—, a los que sólo se les paga una porción ínfima de los miles de dólares mensuales que abonan por sus servicios los países en los que laboran.

A esto se suma la absoluta falta de transparencia del Estado Cubano con respecto al uso que da a los ingresos que recibe por estos servicios o daños que le han causado.
Años atrás, cuando los ciudadanos —al menos en el plano formal— no pagaban impuestos, el secretismo no preocupaba mucho. Pero ahora, cuando cientos de miles de trabajadores por cuenta propia sí pagan impuestos, se ha mantenido la práctica viciosa de no informar a qué se destinan los dineros que ellos aportan.

Entonces, la duda está bien fundada. Es correcto que haya una indemnización para las víctimas de la esclavitud, pero en su caso y oportunidad, ¿qué uso les darán a esos fondos las autoridades castristas? ¿Llegarán los pagos a quienes lo merecen o desaparecerán también en manos de los que ya lo tienen todo?

René Gómez Manzano es abogado y periodista independiente.

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