domingo, 20 de octubre de 2013

La Ley al margen de la Ley

Por Ernesto Aquino/ Hablemos Press.

LA HABANA, 20 de Octubre.- El propietario de una vivienda sigue forzado a convivir con intrusos que llevan más de 30 años ocupando de forma ilegal un espacio dentro de su residencia.

El ciudadano Eliseo Domínguez Matienzo, vecino de Calle México 116, entre Guatemala y Montevideo, Bello Monte, Guanabo, La Habana, denuncia al gobierno, a los órganos encargados de administrar justicia y al Instituto Nacional de la Vivienda y sus dependencias, y los acusa de complicidad, corrupción y violación flagrante de la Ley, y de la Resolución y Sentencia dictada a su favor por el Tribunal Provincial de La Habana.

Explica Matienzo que el inmueble donde reside lo recibieron sus padres en el año 1984, cuando por interés social del Estado tuvieron que entregar una propiedad horizontal que poseían en Cojímar,  una localidad situada a unos 7 km de La Habana y que forma parte del municipio Habana del Este.

Refiere Matienzo “cuando a mis padres le entregaron el inmueble, habían personas ocupando ilegalmente una parte de la casa. El 30 de julio de 1982 estas personas habían sido declaradas ocupantes ilegales luego que la Sala de lo Civil del Tribunal Provincial Popular de La  Habana emitiera la sentencia  No. 497, que fue ratificada el 1 de julio de 1983”.

Al principio, los padres de Eliseo se negaron a trasladarse a su nueva vivienda hasta que los ocupantes ilegales fueran desalojados por las autoridades, quienes tienen la obligación de hacer cumplir las sentencias emitidas por los tribunales; pero el gobierno los convenció para que se mudaran, prometiéndoles que en un plazo de 15 días los ilegales serían desalojados.

Desde entonces (año 1984), y hasta la fecha, Eliseo Domínguez Matienzo ha estado denunciando su caso reiteradamente,  ante la Dirección Municipal de la Vivienda de Habana del Este, el Instituto Nacional de la Vivienda, el Comité Provincial del Partido, la Fiscalía Municipal y Provincial, la Fiscalía General de la República y el Consejo de Estado,  sin que hasta el presente haya obtenido algún resultado concreto que restablezca la legalidad quebrantada.

“Incluso -asegura Matienzo- he acudido a la prensa oficial para hacer público mi caso, pero no han querido escucharme. Espero que a través de la prensa independiente se conozca esta extrema violación   que hace más de 30 años padecemos mi familia y yo; violación que, como tantas otra cometidas impunemente por el gobierno cubano y sus instituciones, demuestra la incapacidad humana de un sistema que desprecia su propia legalidad; sobre todo cuando se trata de aplicar justicia y servir al bien común representado por la honradez de los hombres y mujeres de bien”. 

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