viernes, 19 de julio de 2013

Inspección gubernamental

Por Gilberto Figueredo/ Hablemos Press. 
  
LA HABANA, 19 de Julio.- Un grupo de Inspectores Estatales apoyados por agentes uniformados de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la emprendió contra un conjunto de jubilados involucrados con el laberinto ocupacional del mercado (negro) informal en el municipio capitalino de Centro Habana.

“Me botaron de la esquina y amenazaron con enviarme a los tribunales si me cogían otra vez. Pero a Martha le preguntaron quién le trae el detergente, la leche en polvo y las máquinas de afeitar”, dijo Armando, un jubilado de la Construcción, que ofrece bisutería en la esquina de San Lázaro y Hospital.

“Lo que quieren es saber quién le vende la mercancía”, explicó Alberto, un cristalero particular, que fue abordado en la vía pública por dos militares vestidos de civil del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), el 7 de julio, cuando transportaba cristales (nevados) en una carretilla.

“Me salvé, porque tenía el comprobante de compra de la tienda estatal. Si no, me decomisan los cristales, me quitan la licencia y me acusan de receptación”, aseguró el trabajador vinculado a la economía privada emergente. 

De acuerdo con una fuente cercana a la Policía, el “objetivo” de las inspecciones estatales con apoyo policial no es sancionar a los jubilados y a los que trabajan en el sector “no estatal” dentro del marco de la ley.

Lo importante -dijo- es “identificar” a los “delincuentes” que venden insumos “robados de los almacenes” y  de las “empresas del estado” y detener el contrabando hacia el mercado informal.

Pero Juan (el que vendía frijoles en San Lázaro y Hospital) se tuvo que ir por que el policía del barrio (Jefe de Sector Policial) lo amenazó con, “meterlo preso” si lo encontraba otra vez.

“El hombre no me dejaba tranquilo porque no tengo licencia y me tuve que  ir a vender al Vedado”, aseguró Juan que certifica que cumplió misión militar en Angola y en Etiopía entre los años 1975 y 1980.

Aunque vive en el reparto Eléctrico ubicado en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, los frijoles los compra en Melena del Sur (Provincia de Mayabeque) para venderlos en Centro Habana, “donde tengo muchos clientes”.

A la interrogante del por qué no pedía un permiso gubernamental para trabajar en el área respondió que, porque el “Poder Popular” de cada territorio, tiene la facultad de subir y bajar los impuestos cuando “les da la gana”.

Para Susana, una jinetera de unos 22 años de edad, que enfrentó a dos inspectores estatales, que le exigieron dinero a su abuela para no imponerle una multa, la mayoría de los jubilados lo que hacen es vender los productos de la libreta de abastecimiento junto con otros productos, “porque no alcanza el dinero de la seguridad social”.

Según dijo, a su abuela le exigieron 10 CUC (equivalente a 240 pesos de acuerdo con el cambio oficial) para no aplicarle una multa de mil quinientos pesos por que vendía café sin permiso gubernamental.

“Les grité todo lo que me dio la gana y les exigí que trajeran a la policía, pero no se atrevieron a regresar”, afirmó Susana.

“Pero si te niegas (a darles dinero) y protestas, te revisan hasta el trasero, en busca de algún pretexto que les permita, hasta cerrarte el local, destacó por su parte Elisabeth una joven que vende ropa interior en la céntrica calle Neptuno.

“Tengo una tía -dijo- que por 10 CUC al mes, ni siquiera le advierten que el agua para hacer refresco tiene que estar hervida.

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