jueves, 4 de julio de 2013

Desalojos, un mal del castrismo

Por Ernesto Aquino/ Hablemos Press. 

La Habana, 4 de Julio.- El argumento que esgrimen las autoridades del gobierno para ordenar el desalojo de una vivienda es la condición de ilegalidad de los ocupantes del inmueble.

Parece justo. Suena como a ley que busca establecer límites entre civilización y barbarie; sólo que no es tan simple, porque no se trata de ciudadanos irracionales que sin ningún motivo deciden salir -como piratas modernos-, a tomar por asalto cuanta vivienda deshabitada o terreno baldío encuentran a su paso.

Las familias que son víctimas de desalojo (cada vez el número es mayor en toda la isla), son grupos humanos que se han extendido a lo largo de todo el país como resultado de un crecimiento poblacional que no puede ser asimilado por la incapacidad del régimen para crear un fondo habitacional que pueda proveer suficientes viviendas para enfrentar este fenómeno absolutamente natural.

Sin embargo, Cuba posee grandes extensiones de tierras  abandonadas, que además de ser cultivables pueden ser utilizadas para construir viviendas; es decir, no es un problema de espacio, sino de voluntad política para generar soluciones con la inmediatez que demanda la crisis.

Ahora bien, esta nota no es un estudio sobre las causas y posibles soluciones para el problema de la vivienda en Cuba. De lo que se trata es de establecer el derecho de cualquier ciudadano a ser tratado con respeto y justicia.

¿Cuándo la ilegalidad es ilegal?

Si un ciudadano comienza a construir una vivienda sin que antes haya mediado el correspondiente permiso de construcción que deben  extender las instituciones autorizadas, y el documento que acredite la compra o usufructo del terreno sobre el cual se levantará la edificación, el procedimiento que se impone es impedir la puesta en marcha de la obra antes que comience.

En cambio, lo que sucede es que funcionarios de la Dirección de Vivienda, Planificación Física, dirigentes del gobierno y agentes de la Policía Nacional prefieren ignorar la “ilegalidad” hasta que la construcción queda terminada, los moradores ocupan la vivienda y transcurren -cuando menos- dos años de permanencia “ilícita” en ella; entonces, aparecen todos los “factores” (como llaman a las autoridades involucradas) y ordenan el desalojo inmediato del inmueble y -como ocurre en la mayoría de los casos- proceden a su demolición.

Es decir, durante el tiempo que dura la fabricación ilegal de una vivienda o la toma de posesión y establecimiento de una familia en locales abandonados, los autores del delito son invisibles o las autoridades gubernamentales son víctimas de una ceguera temporal.  

No hay dudas. Para el gobierno, no existen alternativas viables que ofrezcan soluciones reales al creciente problema de la vivienda, pero tampoco aceptan que el ciudadano desesperado vaya en busca de alivios a través de fórmulas independientes.

Si las autoridades que tienen la responsabilidad de velar por la legalidad son tan incompetentes, que no pueden detectar el inicio de una construcción ilegal y proceder a detenerla, entonces deben asumir el error; y considerando las carencias habitacionales que padece el país, implementar una estrategia para que los ilegales comiencen a pagar una renta que les permita llegar a ser propietarios, o cuando menos puedan pasar a la legalidad y dejar de vivir perseguidos y acosados dentro de su propio país.

Lo que resulta del todo inaceptable, es llevar a cabo un desalojo -casi siempre agresivo-, con demolición del inmueble, sin considerar las necesidades humanas derivadas de causas naturales (como es el crecimiento poblacional) que la incompetencia del Gobierno no ha sido capaz de solucionar.

Es cierto que las tiranías son poderes inmorales; absolutamente ilegítimos; cuya autoridad no se funda sobre el principio del servicio público, pero eso no significa que tengamos que permanecer callados ante el abuso, permitiendo que el crimen conviva con la impunidad.





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