miércoles, 9 de enero de 2013

Una Ley atravesada

Por Juan Carlos Linares Balmaseda.

La Habana.- El 10 de octubre del 2011 se despenalizó la compra, ventas y donaciones de casas, luego de más de cuatro décadas de penalización, y muchos cubanos suponían que con la despenalización (mediante el Decreto-Ley 288) se echaba abajo también la prohibición de comprar, vender o ceder terrenos y solares particulares.

Pero, contrario a la lógica común, la negativa continuó en pie perjudicando, además, a los propietarios de terrenos y solares y a los cubanos que desean adquirir un pedazo de tierra para construirse una morada por esfuerzo propio.

De hecho, numerosos abogados, arquitectos y demás profesionales de los Institutos de Planificación Física y de la Vivienda, y de otras dependencias subordinadas a estos dos monopolios estatales, cuestionaron la decisión. Se sabe que algunos de ellos señalaron que tal medida  continuaría alimentando la crisis habitacional del país.

Dado que la restricción venía desde la cresta del poder en Cuba, sólo quedaba para los funcionarios medios seguir estirando el chicle, y cuando un ciudadano común les inquiría sobre el por qué, su respuesta era un rotundo “aquí nadie sabe”.

Cualquier compatriota, moderadamente informado en este tema, conocerá que todas las casas particulares existentes en el país (a lo que se le denomina “fondo habitacional”) competen al Instituto Nacional de la Vivienda y ésta, a su vez, se subordinaba al Consejo de Estado, pero desde hace unos meses pasó al Ministerio de la Construcción. Por otra parte, los solares y terrenos, ya sean de propiedad estatal o privados, incumben al Instituto de Planificación Física, y éste se subordina al Consejo de Ministros. Mas, lo cierto es que mantener prohibidos los traspasos de terrenos y solares tenía un trasfondo político, más allá de incumbes y competes.

Por lo visto, permitir que los cubanos emprendedores compren suelo, fabriquen casas, las vendan y acumulen capital, sigue siendo un tabú en la mentalidad de nuestros gobernantes. Lo que lleva a suponer que la compra y venta de suelo inquieta mucho más a nuestros funcionarios. Incluso los inquieta más que el hecho de que los cubanos se puedan hospedar en hoteles exclusivos para turistas extranjeros  o que los cubanos puedan poseer teléfonos móviles propios; o que las propiedades de sus automóviles y de sus casas se pudiesen traspasar entre sí, prohibiciones que se mantuvieron por décadas.

Si la industria de la construcción de viviendas es uno de los negocios que genera buenos dividendos y cantidad de empleos en el mundo, no es de extrañar que haya cundido el pánico en la élite del Ministerio de la Construcción, previendo que perderían la categoría de monopolio estatal. Asimismo, con lo acomplejados que son nuestros máximos gobernantes, le deben resultar bochornosos que cinco décadas de “estatismo arquitectónico” se vean superadas en poco tiempo por el dinamismo de los incipientes constructores por cuenta propia.
   
Aunque tampoco hay que lanzarse barranca abajo hacia el optimismo, pues resultaría un error de cálculo depositar el futuro de la arquitectura cubana en manos de albañiles improvisados, esos mismos que abundan por doquier y que han sido forjados en los trabajos voluntarios, las emulaciones “al rojo vivo” y en otras magníficas chambonadas revolucionarias.
 
Por cierto, algo muy irónico del fidelismo -en el ámbito arquitectónico- ha sido desdeñar el pasado republicano, en vez de dar gracias a las libertades jurídicas de aquella época, favorecedora de que en el presente un porciento altísimo de cubanos pueda contar todavía con domicilio, hospitales, escuelas, universidades, centros de recreación pública, cementerios, plazas, parques, puentes y túneles bajo ríos y bahía…edificados entre 1920 y 1959.

Por suerte, en aquella época del pasado siglo no abundaron lo que en los últimos tiempos denominan “construcción de bajo costo”, ni el lema de “más con menos”, receta directamente proporcional al “más chapucería con menos recursos”. Durante la República, la mayoría de las obras edificadas en las principales ciudades del país se diseñaban con un fin idiosincrático anti-emigracionista, porque su durabilidad, belleza y originalidad se concebía para legado de hijos, nietos y  bisnietos.

Seguramente, hoy los cubanos emprendedores supongan -con sobradas razones- que la nueva Ley de terrenos y solares va a responder a la lógica y a los intereses de nuestros gobernantes, y con todo el apego al mantra oficialista del “sin prisa pero sin pautas”, que es lo mismo que decir: sin muchos miramientos a los riesgos de malvivir en edificios inhabitables y a punto de derrumbarse, y que son una cantidad inconmensurable de paisanos los que están expuestos a esos riesgos.

Mientras llega la Ley que autorice la venta de solares y terrenos, la prudencia recomienda no incurrir en las falsas expectativas, ni sucumbir a los crónicos recelos que llevamos dentro. Lo mejor es tomar en cuenta un proverbio que reza: “vivir para ver y ver para creer”.

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