Militares venden embarcaciones

Por Calixto R. Martínez Arias/ Hablemos Press.

Sancti Spíritus, 27 de agosto.- Imponen sanciones, relativamente bajas, a militares del Departamento de Capitanía  del Puerto, en el Sur de la provincia Sancti Spíritus, que se dedicaban a decomisar embarcaciones para luego venderlas o alquilarlas.

Así lo estiman pescadores de una cooperativa en Tunas de Zaza, territorio costero al Sur de esa provincia, que fueron víctimas del accionar de estos militares y reclaman que se les devuelvan sus embarcaciones que se encuentran en calidad de depósito en el puerto de Casilda. 

“Nosotros salimos peor que ellos [los militares]. A ellos prácticamente no les hicieron nada. …bajarle un grado y trasladarlos para Cienfuegos. Uno era Mayor y lo bajaron a Capitán, y el que era Capitán lo bajaron a Primer Teniente”, -declaró Rafael Hernández Naranjo, uno de los más de 24 pescadores perjudicados.

Aunque los medios de comunicación oficial no han informado del caso, los pescadores revelaron que los militares implicados  fueron, el jefe del Departamento de Capitanía del Puerto en esa región, Mayor José Ramón Ramos Delgado; el Capitán Alexander Hernández González  y un Suboficial del cual no dieron detalles.

Las embarcaciones decomisadas por estos militares eran trasladadas para el  puerto de Casilda, a unos 50 kilómetros de distancia, donde unas eran vendidas y otras se las rentaban a otros pescadores a cambio de la mitad de la pesca capturada.

“Las que  decomisaban”, -explicó Pedro Rodríguez Bocour, otro de los perjudicados, refiriéndose a las embarcaciones-,  “se las llevaban para Casilda; unas las daban a la mitad de captura, y las otras las vendían  por un valor de 14 a 15 mil pesos moneda nacional -equivalente a unos 600 dólares estadounidenses-, a través de unos trámites que hacían desde La Habana”.

Los militares tenían otros negocios, entre los que destacan, cafeterías y paladares que abastecían con las entregas que le hacían los pescadores a quienes les tenían rentada las embarcaciones confiscadas.

Describen los perjudicados, que el proceder de los militares se descubrió a raíz de que uno de los pescadores vió su embarcación en Casilda; allí le explicaron que la habían comprado, y él formuló una queja al Departamento de Capitanía del Puerto Nacional, quienes llevaron a cabo una investigación de los hechos.

“Vino una inspección de La Habana, a finales de noviembre del año pasado, y descubrieron todos los negocios en que estaban implicados estos militares. Se dijo que serían  procesados por los tribunales y que a nosotros nos devolverían las embarcaciones”, -indicó Fernández, a quien le habían decomisado su embarcación desde el 3 de febrero del 2011.

Otros pescadores perjudicados fueron: Ángel Pérez Bernal y Jesús García, quienes afirman que también han visitado diferentes instituciones del Gobierno para que se les devuelvan sus embarcaciones y nada han resuelto.

“Aquí todos hemos ido a todas las instituciones de Gobierno pertinentes a formular quejas para que se nos devuelvan las embarcaciones, pero nos tienen en un constante peloteo”,  -denunció Fernández.